Nosotros y nosotras, representantes de pueblos indígenas, organizaciones campesinas, organizaciones de cooperación y de organizaciones no gubernamentales de Bolivia, Brasil, Perú y Ecuador, nos hemos reunido en Quito los días 25 y 26 de febrero en el “Taller Regional Andino hacia la Conferencia de Financiamiento y Desarrollo“, para analizar los temas que se tratarán en la Conferencia Internacional de Financiación del Desarrollo (Monterrey, marzo 2002).
Nuestros países se encuentran inmersos en un modelo de desarrollo económico extractivista impulsado por las instituciones financieras internacionales (IFIs) y los países industrializados. Este modelo genera un grave perjuicio a la humanidad, en especial a los pueblos indígenas, campesinos y otros pueblos vulnerables, pues viola nuestros derechos e hipoteca nuestro futuro económico, social ambiental y cultural, en beneficio de pequeñas minorías, a través de diversos mecanismos: un elevado endeudamiento público, la privatización de las empresas públicas, la liberalización de mercados (comerciales y financieros), y la aplicación de las políticas de ajuste estructural impuestas por organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM).
Ante esta situación, y considerando los objetivos de la Conferencia de Monterrey y la propuesta de declaración oficial, manifestamos lo siguiente:
1. Nuestra preocupación por el carácter anti-democrático del proceso de preparación y realización de la Conferencia Internacional FFD, pues no recoge la visión de los pueblos indígenas y otros sectores sociales vulnerables.
2. El Consenso de Monterrey no cuestiona el enfoque de “desarrollo” impuesto por el FMI y el BM, durante 50 años, pese a que éste ha agravado los niveles de pobreza. Este modelo ha beneficiado a grupos y empresas nacionales y transnacionales, ha provocado impactos negativos como la miseria, marginalización, violencia, guerra y otros efectos sociales, económicos y ambientales, y ha fomentando la desigualdad entre países y en su interior. Responsabilizamos a estos grupos por las circunstancias en que vivimos actualmente.
3. La deuda que afrontan nuestros países ha perjudicado a nuestras naciones, beneficiando a intereses económicos corruptos.
Resolvemos:
Nuestros gobernantes no están facultados a firmar y a asumir compromisos que nos involucran y afectan negativamente, como es el caso de la implementación del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), cuando no hemos sido informados y no hemos sido consultados. Basados en el Convenio 169 de la OIT, exigimos que los gobiernos ejecuten nuestro derecho a ser consultados, al igual que el derecho de los otros sectores de la sociedad civil.
Sobre el modelo de desarrollo:
1. Los pueblos indígenas creemos en la necesidad de un modelo de desarrollo diferente al vigente, basado en el derecho de los pueblos a definir y conducir su propio destino. Este modelo de desarrollo debe tener como principios fundamentales el valor de la persona humana, el respecto de la vida, debe construirse en un proceso de relación intercultural, debe ser soberano y ambientalmente sostenible, respetar la diversidad, y los valores sociales, culturales, políticos y económicos, así como tener en cuenta las condiciones de cada país (económicos, sociales, culturales y ambientales).
2. El concepto predominante de “desarrollo sostenible” no incluye adecuadamente la visión de los pueblos indígenas y campesinos. Aunque la idea de desarrollo sostenible ha sido practicada por los pueblos indígenas históricamente al vivir material y espiritualmente en armonía con la naturaleza y con los demás pueblos
3. Los Estados deben crear un marco de seguridad jurídica que proteja estos modelos propios de desarrollo y especialmente los derechos fundamentales de la población.
Sobre la deuda externa:
4. Los pueblos indígenas y campesinos NO nos hemos endeudado, NO nos hemos beneficiado de tal deuda, por lo que NO debemos NADA y NO tenemos que pagar NADA. Por lo tanto exigimos que se anule la deuda .
5. Demandamos transparencia en la información sobre el uso de los fondos obtenidos con deuda y el ejercicio de un control social de la deuda pública. Las personas e instituciones que se beneficiaron ilícitamente de este endeudamiento externo deben ser enjuiciadas y debe exigirse la devolución de esos recursos.
6. Proponemos el mecanismo del arbitraje, en igualdad de condiciones entre acreedores y deudores, para un adecuado tratamiento del problema de la deuda. Se debe impulsar un mecanismo transparente, justo, independiente, equitativo y con participación de la sociedad civil. Exigimos también la eliminación de las condicionalidades negativas en las cartas de intención impuestas por el FMI (privatizaciones, salvataje financiero, concesiones mineras y petroleras, servicio de la deuda, etc.)
7. Demandamos el reconocimiento de la corresponsabilidad de las IFIs en el proceso de endeudamiento y exigimos la reestructuración del Banco Mundial y el FMI en el marco de una reforma internacional que democratice su composición, y que transparente las políticas de comunicación e información del BM y FMI, sobre todo en la traducción de documentos a los idiomas oficiales de los países en desarrollo.
8. Exigimos de los países industrializados y las empresas transnacionales el pago de la deuda histórica y de la deuda ecológica como reparación de los daños ocasionados por la colonización, el racismo y la imposición de políticas y religiones que eliminó millones de vidas y miles de culturas, valores humanos, idiomas y espiritualidad que han ocasionado la degradación de nuestro medio ambiente y han profundizado la dependencia.
9. De ser socialmente necesario un nuevo endeudamiento, éste debe estar dirigido a financiar los programas de desarrollo descentralizados y debe ser manejado directamente por los Gobiernos y organizaciones locales, y por los pueblos indígenas.
Estrategias y compromisos
1. Los pueblos indígenas, las organizaciones campesinas y demás sectores de la sociedad, resolvemos iniciar un proceso de información y discusión sobre todos los temas mencionados y otros que nos afectan de manera directa e indirecta.
2. Desde nuestras comunidades, pueblos, organizaciones e instituciones estaremos vigilantes de estos procesos y nos comprometemos a denunciar cualquier acción que viole nuestros derechos, buscando conjuntamente un modelo de desarrollo humano, social y ambiental justo.
3. Fortalecer nuestras instituciones y construir alianzas con otros sectores de la sociedad civil del sur y del norte y buscar soluciones consensuadas y justas para la humanidad.
Quito, 26 de febrero del 2002
Organizaciones firmantes:
CAOP
CDES
CEPAS
CONFEUNASSC
CEDAL
CONAMAQ
FEINE
CUNAN
CPESC
RED SAPRIN
Racimos de Ungurahui
Fundación Solón
IBIS
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