A nivel constitucional, pese a tener marcos legislativos vigentes en todos los Estados Nacionales, que garantizan derechos fundamentales, es primordial y de especial relevancia que se viabilice los derechos constitucionales reconocidos en la legislación secundaria. Esta es una necesidad para gran parte de los países, excepto quizás en los ca-sos de Colombia y Venezuela. A pesar de existir propuestas por parte de las organizaciones para llenar este vacío, no se ha logrado aún su aprobación.

En el caso de Ecuador, la propuesta de Ley de las Nacionalidades y Pueblos fue vetada totalmente por el Presidente Noboa, y varios proyectos de leyes adicionales para viabilizar los derechos se encuentran sin poder ser tratadas en el Congreso Nacional; En Brasil, aún se encuentra pendiente la Reforma al Estatuto do Indio, para adecuarlo a la Constitución y al Convenio 169 de la OIT. En Perú, las organizaciones cuentan con una propuesta de reforma constitucional, así como han dado pasos importantes en la formulación de varias leyes específicas, como la Ley de Tierras. En Guyana, APA ha venido trabajando para lograr la reforma del Acta Amerindia. Ligado al anterior, la necesidad de compatibilizar otras leyes generales (minería, forestal, ambiental, hidrocarburos, etc.).Con las normas constitucionales y convenios internacionales en materia de nuestros derechos.