a. Normativos
Autodeterminación territorial / participación en procesos de titulación. La definición previa del ámbito territorial debe quedar al criterio - debidamente sustentado -de los propios pueblos. A pesar de no existir claridad normativa sobre este punto, en gran parte de los ordenamientos jurídicos, las organizaciones a través de diversas estrategias, ya sea con marchas, procesos de auto demarcación, etc., han presionado para que este criterio sea considerado en los procesos de legalización territorial. Si bien se reconoce de manera general, la necesidad de participación de las comunidades y organizaciones en el estudio y definición de sus demandas territoriales, muy pocos ordenamientos traen disposiciones claras sobre el modo de garantizar esta participación. Y menos aún las responsabilidades de la financiación de los costos de esta participación (Roldán, R, 2002).
b. Problemas Políticos
El Saneamiento de los territorios, es un mecanismo contemplado solo en algunos de los países de la región (Colombia, Perú, Brasil y Venezuela). Si bien se han dado algunos avances, en todos los países se observan también grandes limitaciones en los procesos de saneamiento, tales como falta de presupuesto y la falta de decisión política general-mente originada en la presión de sectores del poder. El caso más dramático en la región sobre las limitaciones del proceso de saneamiento es el de Bolivia. El proceso de titulación de tierras indígenas, concebido en los discursos como una histórica recuperación de los territorios originarios, ha terminado convirtiéndose, en la práctica, en un proceso de saneamiento de la propiedad de terceros tomándose decisiones acerca de la territorialidad indígena sobre el resto que sobra (García, P., 2002). Así existen TCOs donde se puede apreciar a las comunidades tan distantes una de otra, separadas por grandes extensiones ganaderas, por lo que la visualización del territorio indígena se asemeja a un archipiélago. Existen opiniones en el sentido de que en Bolivia, no es posible avanzar en un verdadero reconocimiento de los territorios ancestrales, sin una expropiación a la gran propiedad ganadera.
c. Procedimientos Demarcatorios
Mientras que existen procedimientos adecuados para demostrar ocupación de todo tipo de terceros, los criterios para verificar hechos posesorios indígenas están todavía poco desarrollados y rodeados de prejuicios culturales, generados en la falta de entendimiento de los modos de ocupación territorial de los pueblos amazónicos desde una concepción mercantil de la tierra y los recursos (García, P., 2002). En el caso de Bolivia el criterio mercantil parece ser el predominante al momento de establecer las necesidades espaciales de los diversos actores. Los hechos posesorios deben ser compatibles con la naturaleza del bien y con su razón de ser o su finalidad. La finalidad de los territorios indígenas es la de asegurar la continuidad histórica y cultural de sus pueblos. La naturaleza de los espacios que ocupan se define como hábitat naturales integrales. Desde este punto de vista, estimamos que la prueba de hechos posesorios, en el caso de los territorios indígenas debería recaer sobre los indicios del “control cultural” sobre determinado espacio vital. Algo que sólo puede definirse en conjunto con el propio pueblo indígena (García, P. 2002).
d. Impactos en la Integridad Territorial
Los procedimientos son largos, como muestra la siguiente observación realizada por un estudio de la OIT para el caso de Perú y que puede hacerse extensiva a gran parte de los países de la región. “El actual sistema de legalización de tierras resulta extremadamente largo, recargado de instancias y trámites, costoso, y lesivo de las legítimas aspiraciones de las comunidades. Estas deben esperar durante años la legalización de sus tierras y frecuentemente ven frustradas sus expectativas con resoluciones negativas o equívocas” (OIT, Estudio sobre cumplimiento de derechos indígenas en Perú).
La poca disposición efectiva de los gobiernos nacionales para otorgar territorios reales, diseñados a partir de un diagnóstico compartido, se traduce en una serie de escaramuzas, tácticas y regateos que terminan por distorsionar la realidad territorial preexistente. El resultado final de los procesos, habitualmente, deja mucho que desear y exige de los pueblos indígenas nuevos trabajos orientados no sólo a ordenar y regular sus territorios sino, primeramente a reconstruir sus mapas y restañar las múltiples cicatrices que las ha dejado en sus territorios, el proceso de la legalización oficial de su propiedad. Al fin de cada proceso, los pueblos indígenas van a tener que sentarse con tranquilidad a mirar lo que ha hecho la ley con sus territorios y, ya bien asegurados y en tiempos de paz, intentar proceder a su reordenamiento y reconstrucción racional para legar a sus generaciones un territorio configurado de manera coherente y con potencial para vivir según sus propias opciones (García, P., 2002).
Muchos proyectos de apoyo a la titulación de tierras tienen como objetivo consolidar la propiedad para poder dinamizar un mercado de tierras. A veces, los programas de legalización de tierras indígenas se inscriben dentro de este tipo de iniciativas que priorizar la regularización masiva de la propiedad no indígena, para después considerar la distribución de las tierras fiscales sobrantes. Estos programas, pueden restar muchas posibilidades espaciales a los territorios indígenas. En Perú el PETT dice haber terminado de regularizar algunos cientos de miles de propiedades de colonos. En Bolivia el saneamiento de tierras indígenas pasa por la previa regularización de la propiedad privada. (García, P., 2002).
e. Control Territorial y Violencia
Los conflictos armados, la ocupación de territorios indígenas y la grave violación a derechos en Colombia. Para OPIAC, es el factor de mayor vulnerabilidad en la actualidad, que afectan a casi el 80% de nuestros territorios en la región amazónica, poniendo en riesgo no sólo nuestra integridad territorial sino también la vida misma. Los problemas correlativos a esta ocupación, evidenciados en el III Congreso de OPIAC (2001) son: la militarización de zonas indígenas por parte de los grupos armados, formando corredores de acción dentro de sus estrategias militares. Reclutamiento de niños y jóvenes indígenas para hacer parte de los grupos armados; desterritorialización y desplazamiento de los pueblos indígenas, a raíz del conflicto armado. Las fumigaciones y destrucciones han contraído graves problemas y perjuicios de todo tipo a los pueblos y sus comunidades; se ha perdido gobernabilidad y autoridad de los territorios por parte de las mismas autoridades, permitiendo a los grupos invadir los territorios.
La posición que hemos tomado, incluyendo la OPIAC al respecto es que tengamos autonomía, leyes y sistemas propias. No somos actores propiciadores del conflicto pero tampoco neutrales, somos pueblos cuyos derechos deben ser respetados por todos los actores, sin distinción. La dimensión del problema requiere grandes esfuerzos organizativos para defender nuestros intereses para preservar, los territorios, costumbres y cultura. La defensa de estos derechos, por tanto no pueden ser entendidas sin el fortalecimiento de sus organizaciones y de los mecanismos de coordinación entre todos los niveles. Este tema no siempre es entendido por la cooperación y ONG’s que actúan de manera directa con algunas comunidades debilitando los espacios organizativos.
